Tres preguntas para Carmen Calvo
Carmen Calvo dijo ayer en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que «si una mujer no dice “sí” expresamente, todo lo demás es “no”». Calvo «ha señalado que su propuesta [de reforma del código penal] se inspira en parte en la ley sueca sobre violencia sexual». Y «la ley sueca establece además que cualquier acto sexual no consentido es violación, aunque no haya habido violencia o amenazas».
Calvo se dice feminista. La definición de feminismo en el diccionario de la Real Academia es: «principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre». (Esta es una definición de mínimos y poco controvertida con la que la gran mayoría estaremos de acuerdo, incluidos los feministas que no somos dogmáticos.) Por tanto, no es descabellado asumir que lo que Calvo piensa realmente es: si una persona no dice «sí» expresamente, todo lo demás es «no» (ya que obviamente, estar de acuerdo con su frase original pero no con esta variante en la que sólo he sustituido «mujer» por «persona» sería incompatible con defender la «igualdad de derechos de la mujer y el hombre»).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, mi primera pregunta para Carmen Calvo es:
¿Cuántas veces en su vida ha violado Carmen Calvo a otras personas, según su propia definición de «violación»? Es decir, ¿en cuántas ocasiones habría cometido ella un delito de agresión sexual (de haber estado vigente entonces el código penal que pretende instaurar ahora) por haber mantenido relaciones sexuales sin que la otra persona hubiese dicho antes «sí» expresamente?
Mi segunda pregunta para Carmen Calvo es:
¿No le preocupa intentar eliminar a los jueces de la ecuación en casos de delitos graves (como son los de violencia sexual); máxime teniendo en cuenta los nefastos resultados de intentos análogos en el pasado, como ocurrió con la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) y su intento de cerrar páginas web sin autorización judicial, o la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana («Ley Mordaza») en su intento de otorgar a las fuerzas de seguridad competencias que antes requerían de un juez?
Otra propuesta de la vicepresidenta en el Congreso es reescribir la Constitución para sustituir los vocablos «androcentristas» por lenguaje nuevo, «inclusivo, correcto y, en este caso, verdadero [sic]». Calvo dedicó unos minutos de su intervención a subrayar la enorme influencia que tienen las palabras, especialmente sobre los niños. «Si hablamos en masculino, pues nuestro cerebro está viendo imágenes masculinas. Tenemos una constitución en masculino.» Según ella, «lo que no se nomina no existe».
Sin embargo, a la vez que defiende tal saneamiento del lenguaje en base al tremendo poder que éste ejerce sobre todos nosotros, Calvo usa sin reparos palabras y conceptos que deberían disparar su extraordinaria sensibilidad de género: el «machismo» (masculus, «varón») nos tiene rodeados y es deplorable, lo que hace del «feminismo» (femina, «hembra») la solución a casi todos los males; lo «patriarcal» (pater, «padre») es un vestigio reaccionario que debe ser eliminado. Calvo habla incluso (aparentemente sin reparar en la incoherencia), de la importancia de la «lengua materna» (mater, «madre»). ¿Por qué «materna»? ¿Por qué nunca oímos «lengua paterna»? La Real Academia (ese club patriarcal y misógino al que Carmen Calvo ha encargado un informe) incluye lengua materna en su diccionario («lengua primera que una persona aprende a hablar»), así como los sinónimos lengua natural y lengua popular, pero no recoge lengua paterna ni nada parecido; sin duda una muestra más de lo machistas que son tanto el idioma como la institución encargada de registrarlo.
Mi última pregunta para la vicepresidenta es esta:
¿El lenguaje es sexista y nos condiciona solamente cuando las palabras y conceptos negativos se asocian a lo femenino y las positivas a lo masculino, o también cuando ocurre al revés?
Bonus: Podemos propuso ayer «que la víctima de una violación reciba atención y ayudas presentando un certificado médico, aunque no haya denuncia o sentencia». Es decir, que cualquiera que diga haber sido objeto de violencia sexual y pueda demostrar cualquier tipo de lesión o daño, físico o psicológico, obtenga automáticamente el estatus jurídico de «víctima», y acceso a ayudas públicas; no ya antes de que un juez haya podido examinar el caso siquiera, sino antes incluso de que esa persona se decida (si es que alguna vez se decide) a ir a una comisaría para denunciar el supuesto delito.
Cualquiera sabe que una relación sexual consentida puede producir algunas veces daños físicos menores que son transitorios y no tienen relevancia, y también sabemos que la víctima de una violación incontrovertida puede no presentar lesiones físicas (después de todo, nadie se atrevería a descartar el testimonio de una persona agredida que a un cierto punto hubiese dejado de oponer resistencia física; por amenazas, por miedo, o por intentar aplacar al delincuente para así evitar males aún mayores). Así que este cambio en la legislación, lo que significaría en la práctica es que cualquiera podría exagerar el relato de una relación sexual legítima — o distorsionar su interpretación subjetiva de la misma— para recibir atención y ayudas, o para perjudicar al supuesto agresor.
Este cambio de criterio no sería trivial. Esto revienta el principio de presunción de inocencia: si una parte es considerada «víctima» automáticamente (sin que medie denuncia ni sentencia, sin policías ni peritos ni juez que intervengan) y recibe atención, ayuda y empatía acorde a esa etiqueta, necesariamente la otra parte será considerada «agresor» o «delicuente» automáticamente (ya que no puede existir una violación sin un violador), y recibirá de la sociedad… el tipo de tratamiento que la sociedad reserva a las personas que violan a otras personas.
A tenor de la sensibilidad social hacia los delitos sexuales hoy en día, del ambiente enrarecido en torno a este asunto, y de los mensajes paternalistas e infantilizantes que a menudo se lanzan a las mujeres jóvenes, mi pregunta para Podemos es esta:
¿Cree Podemos que necesitamos más incentivos para etiquetar como «violación» un espectro aún más amplio de relaciones humanas complejas, encuentros sexuales insatisfactorios, errores de comunicación, errores de juicio, faltas de sensibilidad, presión social o de grupo, o riñas de pareja; y que será beneficioso para la sociedad el regalar a la persona que se siente agraviada el poder de convertir a la otra persona en un criminal sin que medie una denuncia siquiera? ¿Cree Podemos que lo necesario ahora es precisamente potenciar la cultura del victimismo y la hipersensibilidad?
