Dijo anteayer Isabel Celaá, ministra de educación:
«No podemos pensar, de ninguna de las maneras, que los hijos pertenecen a los padres.»
Y tiene toda la razón. Los hijos no pertenecen a sus padres.
Si yo soy el propietario de un cuadro, por ejemplo, soy libre de disponer de él como quiera. Puedo colgarlo en la mejor pared del salón o guardarlo en el trastero. Puedo venderlo a quien quiera, regalarlo a un amigo o pintar encima del lienzo. Puedo incluso tirarlo a la basura, prenderle fuego en el jardín o decidir darle unos hachazos para divertirme. Evidentemente, el traer a un niño al mundo, o el adoptar a un niño, no me otorga la misma categoría de derechos sobre un ser humano. El posesivo («mi hijo») en este caso no indica propiedad, y todos lo sabemos. «Tu barrio» tampoco te pertenece a ti, hablando estrictamente. Desde ese punto de vista, la cita es incontestable. Los hijos no pertenecen a los padres.
El problema con la tautología de la ministra es que no ayuda en nada a esclarecer la cuestión que motivó sus declaraciones: la conveniencia o la legalidad del veto parental que defiende Vox. Si los menores no «pertenecen» a sus tutores legales, ¿a quién «pertenecen»? ¿A la sociedad? ¿Al Estado? ¿A este gobierno? ¿Al anterior? ¿Al ministerio de educación de turno?
Vox podría usar exactamente el argumento opuesto para defender su postura («no podemos pensar, de ninguna de las maneras, que los hijos pertenecen al Estado»), y también tendrían razón. Una observación que es igualmente cierta, y de forma evidente, desde ambos lados de un debate, no arroja ninguna luz sobre el asunto que se está tratando.
El otro no-argumento que se ha manejado esta semana a favor y en contra de que los padres puedan decidir que sus hijos no reciban ciertas clases, es el del «derecho a la educación». No sirve para nada porque nadie está defendiendo que a los niños no se les eduque; simplemente se están defendiendo asignaturas, valores, o enfoques distintos. El derecho a la educación recogido en el Título I de la Constitución no da la razón a ninguna de las partes explícitamente. Como mucho, el Artículo 27 dice, entre otras cosas:
«Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.»
Me parece que las asignaturas que se están cuestionando (según Vox, sobre «ideología de género») caen de lleno dentro del ámbito de la «formación moral». Si Vox tuviese reticencias sobre el estudio de la trigonometría, se mostrase contrario a la clasificación moderna de los elementos químicos, o prefiriese que los niños aprendiesen a jugar al bádminton y no al baloncesto, quizá la justificación para su «pin parental» fuese más endeble. Y tampoco, porque dejar de estudiar literatura española, o dedicar el doble de tiempo a la geografía (por ejemplo) no son cambios en el currículo que atenten de ninguna manera contra «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» (Artículo 27), y es muy difícil ver qué otro artículo concreto podrían contradecir.
Si no hay ninguna violación flagrante de las leyes fundamentales en que una familia, un consejo escolar, o una comunidad autónoma decidan alterar los contenidos o la metodología de las asignaturas menos sospechosas de adoctrinamiento, como son las ciencias puras o la educación física (sin negar nunca a los niños ese derecho a una educación, claro está), ¿cómo no defender la libertad para que los padres decidan precisamente qué educación moral dar a sus hijos?
Las leyes siempre son contingentes, pero los planes de estudios oficiales, al menos en España, son tan mudables y están tan politizados que presumir una sabiduría altruista e imparcial en ellos es ser muy ingenuos. Esto hace que las defensas de los planes de estudios actuales sean tan inverosímiles, al menos, como los ataques contra ellos.
Si oponerse ahora a estas asignaturas, actividades o talleres que solo tienen unos años de vida, y que hasta hace una década no solo no eran habituales sino que eran inimaginables lo convierte a uno en culpable de querer negar a los niños su derecho a la educación, nada menos, ¿eso significa que nunca antes, hasta hace unos años, ningún niño en España había disfrutado de ese derecho?
Si nadie intenta prohibir que a los niños se les pueda adoctrinar (aquí sí, literalmente «adoctrinar») en religiones que consideran que los transexuales son pecadores que irán al infierno, que niegan a las parejas homosexuales el derecho al matrimonio, o que consideran el divorcio o la masturbación inmorales, porque se apela a ese «derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» (y así debe ser), ¿por qué es escandaloso que alguien quiera evitar para sus hijos las enseñanzas contrarias (a favor del matrimonio homosexual, de la aceptación de la transexualidad, de la exploración del propio cuerpo, etc)?
Sospecho que mi postura en estas asignaturas concretas se parece más a la de los progresistas que intentan con la mejor de las intenciones que los niños no se conviertan en homófobos ni en intolerantes que con la visión de los retrógrados de Vox en estas materias. (Aunque conociendo la deriva paternalista y victimista de la izquierda estoy seguro de que no coincido del todo con los primeros tampoco.) Esto no significa que esté en contra del principio general de que, en caso de discrepancias, y siempre garantizando una educación «mínima» que sea laica, instrumental y desprovista de ideología, el derecho de los padres a educar a sus hijos como crean más convenientes prevalece sobre el (inexistente) derecho del Estado a decidir qué es mejor para esos niños.
